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La definición del contenido social que significa Zapla para los trabajadores es una asignatura pendiente por parte de la Empresa y de los Gobiernos

CASOS JUDICIALES

CASO ALTOS HORNOS ZAPLA

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Domingo 8 de agosto | DETENCIONES Y AMENAZAS EN JUJUY
Nuevo ataque al derecho de informar

El pasado jueves 5 de agosto las fuerzas de seguridad volvieron a atacar a activistas que documentan las luchas de los trabajadores. Esta vez el incidente se localizo en el pueblo Palpalá, Jujuy.

En esta localidad se mantiene una fuerte lucha inciada por los trabajadores de la fábrica de Altos Hornos Zapla, quienes, desde el 30 de julio se mantienen en huelga, y con piquetes en la puerta de la planta de la empresa, ante la falta de respuesta a sus reiteradas demandas de mejoras laborales por parte de los dueños. El reclamo principal de los trabajadores es la de un aumento de $200 pesos, sobre el mínimo que están percibiendo.

Quien dirige la empresa es el tristemente celebre Taselli, vínculado a la tragedia de Río Turbío, como también a las empresas de transporte Metropolitano de donde es accionista mayoritario, todas privatizadas durante los ´90.

El documentalista Carlos Broun, integrande del colectivo Contraimagen se encontraba registrando parte de las asambleas, marchas, de los trabajadores para sumar un nuevo informe al noticiero obrero Kino Nuestra lucha. A pedido de los trabajadores intentó filmar el recorrido de la delegación de la Superintendencia de Trabajo que debía fiscalizar las condiciones de trabajo, a lo que los empresarios se opusieron rotundamente, fue en ese momento que los oficiales de Gendarmeria Nacional se le acercaron y le mantuvieron detenido en una casilla de seguridad por más de dos horas, luego fue liberado pero se le secuestro todo el material digital que había sido tomado en una importante marcha del pueblo en apoyo a la lucha de los trabajadores. Quien le secuestro el material es Roberto Poccioni, gerente de producción de la empresa, con el respaldo de la gendarmería que actuó bajo las directivas de los empresarios. Los oficiales permanencen en el establecimiento funcionando como "seguridad privada de la empresa" desde que se ha iniciado las demandas de los trabajadores.


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